UN HONESTO PERIODISTA EN PELIGRO DE MUERTE

LA OTRA ORILLA

El costo de la lucha por la democracia

León Valencia. Columnista de EL TIEMPO.

Por investigación sobre parapolítica he tenido que afrontar controversias, presiones, demandas penales y amenazas

Lo digo con tristeza: la participación en el debate sobre la ’parapolítica’ desde la orilla académica ha tenido un costo muy alto. En mi condición de director de Arco Iris y gestor de la investigación ’La parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos’ he tenido que afrontar controversias, presiones, demandas penales y amenazas. La misma suerte han corrido Claudia López, Laura Bonilla, Mauricio Romero y varios investigadores regionales.

La situación empezó cuando la Corte Suprema de Justicia, en la medida de aseguramiento contra seis parlamentarios de la costa Atlántica, señaló como "razonables" los estudios hechos y se ha agudizado ahora cuando las indagaciones han llegado a los predios antioqueños y el Fiscal General, en entrevista al diario EL TIEMPO, ha dicho que las investigaciones de Arco Iris no son un elemento probatorio pero sí "un punto de referencia útil e idóneo".

Me di cuenta de la grave polémica en que estaba envuelto a principios del 2007 con una llamada telefónica del presidente Uribe. El Presidente, quien siempre había sido deferente y amable conmigo, utilizó palabras duras para descalificar unas declaraciones que sobre la ’parapolítica’ había hecho en Caracol Radio. Luego vino la arremetida del ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, en un debate en el Congreso.

Hasta ahí las cosas estaban en el terreno del debate intelectual y político con altos dignatarios del Estado, pero después fueron derivando hacia la disputa judicial y hacia las amenazas.

Las demandas penales en mi contra instauradas por los senadores Mario Uribe, Javier Cáceres y Juan Manuel Corzo son un desafío doloroso porque sólo tengo mi voz y la solidaridad de algunas personas e instituciones que ven en la labor que adelantamos un esfuerzo digno para afrontar el problema mayor de la democracia colombiana: la utilización de la violencia y de la muerte en la competencia política.

No es menos difícil la situación de Claudia López, que en estos días ha recibido la notificación de que el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, iniciará acciones penales contra ella.

Pero las amenazas han sido siempre la preocupación más importante: las cartas, las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, que deslizan insultos y advertencias contra las personas que han realizado estos trabajos académicos.

La alarma cundió a mediados del año pasado cuando supimos que algunos jefes paramilitares presos en Itagüí habían decidido emprender acciones contra nosotros y una persona cercana a ellos visitó a Mauricio Romero en la Universidad Javeriana para manifestarle la inconformidad que tenían con nuestros debates. Recientemente, seis hombres entraron a una reunión de líderes populares de un proyecto que Arco Iris adelanta con la Alcaldía de Bogotá para intimidar y llevarse un computador con la información institucional.

Nosotros comprendemos a cabalidad la crispación que existe ahora en la clase política. No es para menos: 56 parlamentarios han sido vinculados a procesos judiciales y 26 de ellos están presos. La misma condición viven más de cien dirigentes políticos que han ostentado la representación parlamentaria o las funciones de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

Pero los dirigentes políticos honestos del país, los empresarios, los medios de comunicación, las autoridades y la comunidad internacional deben saber que sólo nos asiste el interés de contribuir a sacar la democracia del foso profundo en que ha caído por la alianza o la complicidad que la mayoría de las vertientes políticas han tenido con actores armados ilegales.

Nuestra batalla es por que unos y otros rompan definitivamente con la violencia y surjan por fin una derecha y una izquierda civilistas que jalonen la paz y la reconciliación de Colombia.

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León Valencia